Causo Vialidad: El Procurador pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión
Eduardo Casal ratificó el pedido de los fiscales inferiores, para que la exvice sea acusada como jefa de una asociación ilícita. Con su dictamen, el máximo tribunal ya está en condiciones de definir el caso que sellará el futuro de la titular del PJ.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, sostuvo el reclamo del fiscal general Mario Villar en el caso Vialidad: Cristina Kirchner debe ser condenada a doce años de prisión al entender que además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, se le tiene que atribuir el de asociación ilícita en carácter de jefa. La Corte, a partir de ahora, estará en condiciones de estudiar el expediente y resolver si confirma o no la sentencia acusatoria que tiene dos efectos inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El recurso de queja de Cristina, que ingresó para su análisis a la Corte a finales de febrero, ya tiene su primera respuesta: la del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a quien la Corte le pidió su opinión sobre la queja del fiscal Villar, quien insistió en que la ex vicepresidenta sea condenada a doce años de cárcel al entender que actuó como la jefa de una asociación ilícita.
El 16 de abril, el máximo tribunal le remitió la queja del fiscal al procurador para conocer su opinión. El resto de los recursos de queja permanecen en la Corte. Todos tienen un común denominador: piden anular el fallo de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia que en diciembre de 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Eduardo Casal apoyó el recurso del fiscal Villar a través del cual volvió a pedir doce años de prisión para Cristina, un mayor decomiso de sus bienes y que la absolución a favor de Julio De Vido sea revocada.
La sentencia condenatoria que confirmó en segunda instancia la Cámara de Casación, indica que los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, fueron vehículo de "una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional".
Dando sustento a lo que en sus alegatos expuso en el juicio el fiscal Diego Luciani, su par de ante la Casación entendió que hay un análisis fragmentado de las pruebas, el Tribunal de juicio y el máximo tribunal penal excluyeron la imputación del delito de asociación ilícita para alguno de los imputados y administración infiel para otros”.
El reclamo del Ministerio Público Fiscal sostiene que además del delito de administración fraudulenta, los acusados "debían ser condenados por asociación ilícita", y pidió calificar a Cristina Kirchner como jefa de esta organización, junto a otros funcionarios en roles organizativos.
La premisa es que los acusados "diseñaron y ejecutaron una estructura delictiva dentro del Estado, que tenía como objetivo desviar fondos públicos de forma sostenida a través de contratos de obra pública, principalmente en la provincia de Santa Cruz".
